Por una política de seguridad democrática
¿Vuelve “la maldita policía”?
¿esta vez en todo el país?
Por Rodolfo Casals*
El tema del poder judicial viene ocupando un lugar central en la agenda nacional de los últimos años, producto de la conducta de estamentos tan importantes como una parte de los jueces federales y de la propia Corte Suprema y la utilización que hace el gobierno de los mismos para perseguir opositores. Pero en el último período, viene creciendo cada vez más la problemática de las fuerzas de carácter policial (en particular las federales), su conducta y la política que el gobierno canaliza a través de ellas.
A diferencia de otros tantos momentos en que esto fue así, no es por un aumento exponencial de la violencia delictiva como en el 2001 en medio de la crisis social y la pérdida de confianza en el Estado y la política, ni por una sucesión de secuestros extorsivos seguidos de muerte como fue el caso del tristemente célebre ”ingeniero” Blumberg, ni por un crimen mafioso tremendo como fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas, que obligo a Duhalde a abandonar la idea de que teníamos” la mejor policía del mundo”.
Si bien el delito sigue creciendo y también la arbitrariedad policial a través de la política de “gatillo fácil”, esta vez el tema surge principalmente a raíz de la política represiva del gobierno de Macri a la protesta social, del asesinato por fuerzas federales de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de la existencia de presos políticos después de muchos años en la Argentina y de la brutal represión a pequeñas o multitudinarias movilizaciones populares en calles y plazas.
Se instala producto de un discurso oficial desnudo, crudo y sin dobleces que plantea un “cambio de doctrina”(sic), que instalaría de un plumazo la pena de muerte y la impunidad del accionar policial. El caso Chocobar indicaría además que se vuelve a incorporar el delito común al paquete de justificación de la instalación de un estado policial y autoritario, junto a los que cortan calles, a los intentos “golpistas” de la oposición y demás peligros que acechan la paz en la República.
El hecho que la llamada “inseguridad” ocupe un cómodo tercer lugar en las encuestas luego de los temas económicos y sociales, hace desconfiar de que se trate de una nueva utilización del tema del delito como una buena cobertura al fracaso económico y al aumento del descontento popular. ”Mejor hablemos de Chocobar” escribe un conocido periodista para explicar la táctica comunicacional del Presidente durante el “retiro espiritual “junto a su gabinete en Chapaldmalal y su esfuerzo por no hablar de economía. Creo que da en el clavo, efectivamente.
Pero el problema es que aquí, en este espinoso tema, no hay un solo clavo. Es evidente que el gobierno no se conforma con endurecer penas, emparchar por enésima vez el código penal o hablar de “puerta giratoria”. Esta vez las metas son más ambiciosas: es muy evidente que el cambio de “doctrina” implica la constitución de hecho y también de jure (si lo consiguen) de un estado policial autoritario.
Los síntomas son evidentes: la ministra Bulrich no se cansa de relacionarse públicamente con los exponentes más conspicuos del autoritarismo policial en el mundo como lo son los EEUU y el estado genocida de Israel. La compra de armamento sofisticado en esos mercados; la intención de instalar un enemigo interno a través del invento de la RAM o las acusaciones del fiscal Moldes a los partidos de izquierda y el reciente preacuerdo para instalar una base de la DEA en la triple frontera, son actos preparatorios de nuevos pasos tal como el que expreso el presidente al ordenar crear una fuerza de despliegue rápido (esta vez con personal de las FFAA) como apoyo logístico de fuerzas federales de seguridad, supuestamente en temas de narcotráfico y defensa de los recursos naturales(?).
En la misma dirección opera la doctrina Irurzum sobre el encarcelamiento de “gente con poder, aunque sea residual”, el hoy casi olvidado “protocolo” frente a los piquetes y la insólita declaración del Presidente de la Nación de que “el que levanta una piedra está dispuesto a matar”.
Son cada vez más los datos indicadores de que los preparativos policíacos del gobierno no son solo pantallas para desviar la atención de otras cuestiones con el tema de la violencia delictiva que sensibiliza particularmente a la opinión pública. Sino que son preparativos verdaderos para una vuelta de tuerca del control social represivo y una nueva ronda de restricción a la democracia.
Frente a esta situación la oposición política y el conjunto de sectores democráticos y populares deben tener un análisis y una política propia, y si es posible unida en este tema, y no dejarse arrastrar por la demagogia punitiva de la derecha que en algunas oportunidades en el pasado llevo a algunos a la trampa, unas veces por lo complicado del tema y otras haciendo cálculos electorales subalternos.
Me permito insistir que lo que hoy está en juego no son solo leyes dañinas y que agravan los problemas como fueron las que impuso el recordado Blumberg, sino temas mucho más profundos que hacen a la herencia que dejará la derecha que hoy gobierna el dia luminoso en que pierda el gobierno.
Por eso es muy importante construir entre todos un enfoque alternativo al que impulsa el Macrismo. De nuevo, como en otros temas, se trabaja para demostrar que no hay otra propuesta que la que impulsa el gobierno, que lo que hoy existe es un “garantismo” pro- delito, que reina la puerta giratoria y que los únicos que no tienen derechos son la policía y las víctimas…y un largo etc.
Nada más lejos de la verdad: acá lo que reina es la arbitrariedad policial, la superpoblación carcelaria por el abuso de la prisión preventiva y la más absoluta falta de políticas preventivas frente al delito incluido el terrible tema de los feminicidios. Estos son cuestiones, junto a otras, que el gobierno anterior no atino a resolver a fondo aunque aplicó medidas notables, como por ejemplo la firme determinación de no responder con represión a la movilización social o la misma creación del ministerio de seguridad que garantizó el control sobre las fuerzas federales por parte de la autoridad civil (cosa que no pudieron asegurar la mayoría de las provincias, escenarios de diversas”sublevaciones” policiales).
Pero en el haber del enfoque democrático sobre el tema criminal, hay un sinnúmero de elaboraciones y una muy importante experiencia práctica que es ocultada cuidadosamente por la derecha .Y esa experiencia fue la llevada adelante por León Arslanián en la provincia de Buenos Aires. Iniciada en el año 1998 bajo la gobernación de Eduardo Duhalde (acorralado por el escándalo del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas), interrumpida luego por Carlos Ruckauf y su irresponsable predica de resolver todo el problema “metiendo bala”, y retomada por Felipe Sola entre los años 2004 al 2007. Hay que decir que al asumir Daniel Scioli la gobernación nombro a Carlos Stornelli al frente del ministerio de seguridad y éste y sus sucesores se encargaron de desmontar meticulosamente el proceso de reformas , quedando de él solo algunos aspectos formales.
La base conceptual de la reforma partía de concebir el delito como un fenómeno de origen multicausal, al que confluyen causas que tiene que ver con fenómenos sociales de origen económico y cultural con epicentro en la desigualdad y la marginación. Así lo expresaba L. Arslanián:”…La pobreza en si nunca puede ser fuente de delito, en cambio la inequidad es un problema de generación de violencia, porque cuando esta se manifiesta en una sociedad que estimula contantemente el consumo y que muestra contrastes tan brutales entre un sector y otros, la consecuencia es en primer lugar un fenómeno de estratificación severo. En segundo lugar la conformación de una subcultura o subclase que no comparte valores, que tiene reivindicaciones que ejerce de modo violento.(…)”si yo no tengo una estrategia para el núcleo duro de la exclusión, así haya derrame, haya crecimiento, esto no lo puedo resolver. Entendámoslo bien, si tengo tres mil villas en la Provincia de Buenos Aires y espero el derrame o el milagro del crecimiento y no tengo un programa de seguridad, ciudadanía, inclusión, con todos esos componentes, pierdo el tiempo.”(… )“Cuando hay un fenómeno de inseguridad la respuesta más elemental con la que se cree contentar a la gente es:
Quédense tranquilos, los mato a todos, van a estar cuatrocientos años en la cárcel y además propongo reformas de endurecimiento de las penas…este es el pensamiento mágico” (reportaje Diario Perfil)
Pero la base conceptual no se agotaba en los temas de ese orden, tenía muy presente la definición según la cual no es posible analizar las causas del delito (tanto en su origen social directo como el de las bandas organizadas más o menos sofisticadas) sin incluir en ellas el rol del aparato punitivo del Estado. Como plantea E. R. Zaffaroni,…”El llamado paradigma etiológico, al excluir al aparato del poder punitivo, no solo brindaba una visión incompleta y falsa ,sino que también por omisión lo legitimaba y lo dejaba al margen de toda determinación del delito. Las conductas de los operadores del poder punitivo, si se sometían a crítica, era para considerarlas como desviaciones coyunturales y anecdóticas.”(…)”No se pudo dejar de observar que las brutales disparidades de la realidad con el discurso no eran datos folklóricos ni patologías personales, sino que respondían a caracteres estructurales del poder punitivo. La revelación de estos caracteres choca frontalmente con los discursos institucionales”.(E. R. Zaffaroni: La palabra de los muertos Pg220)
Sobre esta base se desarrolló una labor de gestión, de perfeccionamiento de los enfoques y de reelaboración teórica inmensa.
Dado lo limitado de estas líneas solo quisiera mencionar algunos títulos: Es falso que la gestión de la policía bonaerense en ese período se limitó básicamente a un discurso y sucesivas purgar de sus miembros.
La reforma trato de llevar adelante transformaciones en varias direcciones simultáneas: la primera, abordar a fondo la reforma de la institución policial. Otra fue intentar cambios en la agencia judicial y en la penitenciaria (que es donde menos se logró avanzar).La tercera fue abordar los llamados “núcleos duros “de la marginación estructural, fuente de la delincuencia de origen directamente social y semillero y refugio de las bandas organizadas y sofisticadas. Y la cuarta era el involucramiento de las organizaciones populares y que se manifestó concretamente en el desarrollo de los Foros de Seguridad integrados por organizaciones de todo tipo que en barrios y municipios propagaban el ideario de la reforma, coordinaban programas sociales para sacar a los jóvenes de la calle, la droga y el abandono escolar, construían con apoyo del ministerio los mapas del delito y controlaban el accionar policial en destacamentos y comisarias, contando con el respaldo institucional frente a los “aprietes” de una policía acostumbrada a la impunidad y autoridades municipales que en muchos casos no soportaban que en “su territorio” hubiera entidades autónomas que escaparan a su control
El proceso de reformas que encaro Arslanián fue un período extraño y novedoso para los que alcanzaron a valorarlo y se involucraron en sus enconados debates.
Fue algo muy propio del Kirchnerismo en ascenso, que ponía en discusión temas que hasta entonces se consideraban tabú y que escandalizaban a los políticos tradicionales y llenaban de odio a la derecha. El hecho que el ejecutivo nacional dejara caer tan valiosa experiencia es también propio de las contradicciones de esos años tan ricos en transformaciones. Me atrevo a decir, aun a riesgo de equivocarme, que al igual que en otras cosas, el Kirchnerismo no estuvo a la altura de muchos fenómenos que el mismo inspiro con su discurso y su conducta.
Hoy es necesario rescatar toda esa experiencia y con sus más y con sus menos elaborar análisis y propuestas acordes con la realidad actual para limitar todo lo posible los daños producidos por la ofensiva antidemocrática del gobierno y estar en condiciones de recomenzar en el 2019 un camino de transformación de estas políticas que formen parte del núcleo de una democracia verdadera.
*Integrante de Espacio Popular